Un tribunal de oposiciones a auxiliar administrativo renuncia por discrepancias a la hora de calificar
Se abre un nuevo capítulo en las oposiciones a auxiliar administrativo de la DGA. Tras la celebración de la primera prueba, el pasado 19 de junio, más de un millar de opositores pidieron la repetición del examen. Alegaban errores de procedimiento, preguntas mal formuladas y temario que no se adecuaba al proceso selectivo, entre otras cuestiones. A principios de julio el tribunal de la convocatoria resolvió todas las alegaciones que recibió: a través de un acuerdo informó de la anulación de una pregunta y desestimó el resto de peticiones.
El siguiente paso lógico de este proceso habría sido la convocatoria de la segunda prueba, que consistía en un ejercicio de informática. Sin embargo, más de dos meses después de la celebración del primer examen, ese ejercicio sigue sin fecha y los cientos de interesados andan pendientes de un runrún que desde hace unos días corre por foros de internet de opositores, academias y pasillos del Pignatelli. Se trata de la renuncia en bloque del tribunal de la convocatoria.
El departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA, del que dependen los procesos selectivos, no confirmó este extremo este miércoles porque, según explicaron fuentes de la consejería dirigida por Fernando Gimeno, «la Administración tiene la obligación de sigilo como responsable de la custodia de cada expediente y del procedimiento en curso».
La situación de la que informan es la siguiente. El tribunal fijó, antes de la realización de la prueba de la oposición, cuántos puntos descontaría cada respuesta errónea y también la nota mínima con la que consideraría superado el examen. Tras la celebración del primer ejercicio, un cuestionario tipo test de 75 preguntas y con 70 minutos de duración máxima, el tribunal se encontró que solo unas 40 personas habían superado la prueba de acuerdo con los criterios que había fijado previamente. En la lista definitiva de admitidos aparecían los nombres de 8.609 personas y al examen se presentaron varios cientos.
Teniendo en cuenta que se ofertaban 131 plazas, esto suponía una situación insólita cuando aún restaban por celebrar dos ejercicios. El tribunal decidió entonces, siempre según la información a la que han tenido acceso los sindicatos, modificar los criterios de calificación, una decisión que fue censurada por los servicios jurídicos de la DGA. Lo explican así: se trataría de cambiar las reglas del juego una vez establecidas. Este desencuentro es el que habría provocado la renuncia en bloque del tribunal.
El mismo departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA que no confirmó la renuncia (tendría que aparecer publicada en el BOA este mismo viernes o a principios de la semana que viene) asegura sin embargo que el proceso selectivo «no está parado». A esta oposición le resta dos ejercicios por realizar: uno de informática, también eliminatorio, y un tercero voluntario y de mérito. La primera de estas pruebas ni siquiera tiene fecha fijada.
Cientos de afectados
Mientras tanto, cientos de personas siguen pendientes de la resolución de la situación de la que poco o saben de manera oficial. Más de 600 opositores están en contacto a través de un grupo de Facebook en el que intercambian datos y conjeturas. José Carlos Pardillos, portavoz del sector de Administración Autonómica CSI-F, advierte de que el asunto «podría acabar en los tribunales si algunos opositores así lo deciden»,mientras que Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CC.OO. en la DGA, afirma que «es un fracaso convocar una oposición y dejar plazas desiertas» y tilda de «falta de respeto» la ausencia de información a los opositores desde la Administración.
Ambos coinciden en señalar la necesidad de que los tribunales calificadores de las oposiciones «se profesionalicen». Es una petición histórica de los sindicatos, agregan. «Desde hace muchos años venimos pidiendo que las personas que se ocupan de la selección en la Administración sean formadas en la materia y se dediquen exclusivamente a ello», indica González, que advierte de que no es la primera vez que se da una situación de este tipo y pide que se actualice el decreto de selección de personal que rige estos procesos y que data del año 1986.
«Los tribunales de las oposiciones son soberanos pero esta soberanía es un arma de doble filo porque al final se acaba dejando a los miembros del tribunal solos ante el peligro», comenta José Carlos Pardillos recordando la falta de uniformidad en los criterios de selección: cada tribunal puede fijar aquellos que crea oportunos.
«Queremos que prime la transparencia y la sensatez», añade a la vez que recuerda que cientos de personas han empleado varios meses, algunos incluso años, de su vida en preparar este proceso sobre el que ahora planea la incertidumbre.
