En cuanto a la procedencia del negocio, no se han producido variaciones significativas en comparación con ejercicios anteriores. Así, el sector público supone un 17% frente al 83% del sector privado.

Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015 en el segmento de vigilancia, si bien las diversas incertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014.

El número total de empresas dedicadas a las diversas áreas de actividad de seguridad privada se mantiene estable. En la actualidad, la industria cuenta con un total de 1.534 empresas, de las cuales un 82% tiene menos de 50 trabajadores. Cabe destacar que las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad están asociadas a Aproser.

En referencia al número de vigilantes de seguridad en activo, el sector cuenta con 78.200 profesionales, un 3,4% más con respecto al año anterior, lo que contrasta con el incremento de la facturación de vigilancia. La modalidad de contratación es mayoritariamente de carácter indefinido, con un 82%, lo que refleja la apuesta que hace el sector por generar empleo estable.

El nivel de formación que predomina es la FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados suponen un 4% en cada caso. La edad media del personal de seguridad es de 44 años.

Es primordial que las empresas que presten este tipo de servicios cumplan de forma responsable y estricta la normativa específica que se aplica al sector, así como la laboral y la fiscal general. Para garantizarlo, Aproser cuenta con una certificación técnica propia auditada por Aenor, ‘Sistema de gestión profesional y deontológico de los servicios de seguridad’, que tienen que cumplir todos sus asociados o los que quieran serlo. Con ello, se ofrece un elemento adicional de garantía y calidad a los usuarios.

Durante la presentación del informe económico 2015, Ángel Córdoba, presidente de Aproser, señaló además los retos más inminentes del sector de la seguridad privada, entre los que se encuentran la generación de empleo de calidad, destacando la importancia de reformular parcialmente el Estatuto de Trabajadores modificando la normativa actual relativa a los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.

En este sentido, también hizo hincapié en incidir en la implicación de la Administración con dos medidas urgentes. Por una parte, dotar al sector de una seguridad jurídica que potencie las decisiones de inversión en el mismo, especialmente mediante una rápida entrada en vigor del reglamento de acompañamiento de la nueva ley. Por otra, el tratamiento de su propia responsabilidad subsidiaria derivada de la contratación de empresas que no resulten respetuosas con sus obligaciones laborales y tributarias.

Además, se hace necesaria la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública, en especial en lo referido a la “exigencia de la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en los procesos de licitación, y que éstos tengan también en cuenta criterios cualitativos, incorporando cláusulas sociales y no valorando exclusivamente el precio ofertado”, explicó Córdoba.